La incineradora de residuos de Valdemingómez, ubicada en la planta de Las Lomas del Parque Tecnológico de Valdemingómez, continuará funcionando tras el vencimiento del contrato de explotación el pasado 31 de diciembre. 

Tras la Comisión de Calidad del Aire celebrada el pasado 15 de diciembre, el delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, señaló en declaraciones recogidas por Europa Press, que “no es posible cerrar” la planta de Las Lomas en este momento. Además, afirmó que “vamos a cerrarla cuando no sea necesaria, pero no podemos engañar a los ciudadanos diciendo que la vamos a cerrar mañana, como hizo la izquierda”.

Carabante explicó que el Ayuntamiento licitará un nuevo contrato de gestión, previsto para principios de 2026, que ampliará la vida útil de la incineradora “hasta que los criterios de gestión de residuos de la Unión Europea se cumplan en la ciudad de Madrid, y, por tanto, sea prescindible la incineración, cosa que no va a pasar en el corto plazo”. 

La postura del Gobierno municipal ha chocado con las demandas de grupos políticos, asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas, que reclaman el cierre inmediato y definitivo de la instalación.

Debate en el Pleno de Cibeles 

En el Pleno de Cibeles de diciembre, el Grupo Municipal Más Madrid presentó una proposición en la que pedía paralizar el funcionamiento de la incineradora de Las Lomas a partir del 1 de enero de 2026, implementar mejoras en el sistema de gestión de la ciudad de Madrid para prevenir su generación e incrementar su recuperación, y realizar un estudio de evaluación de la incidencia en la salud y el medio ambiente de las emisiones en el corto, medio y largo plazo. 

El portavoz de Más Madrid, José Luis Nieto, subrayó que el contrato que expiró el pasado 31 de diciembre era “improrrogable, como se especificó en su día en los pliegos” y criticó que el Gobierno municipal no haya licitado un nuevo contrato de explotación a tiempo. “Esta incineradora de residuos es una instalación obsoleta, peligrosa y que parece que ustedes se empeñan en abocar a funcionar de nuevo irregularmente, sin un contrato de explotación en vigor”, denunció.

Centrándose en la licitación del contrato, Nieto reprochó su retraso. “Si lo sacan a licitación en el primer trimestre, como dijeron, como mínimo no entrará en vigor hasta finales de 2026. Y eso solo tiene un calificativo, pésima gestión. Además, señaló que entre 2015 y 2019 se incineraron 1,5 millones de toneladas de residuos, “pero eso era cuando todavía estaba sin implantar la separación de la materia orgánica”.

“Desde 2020 llevan ustedes quemadas más de 1.700.000 toneladas de residuos a la espera de que veamos el total del 2025. Pretenden prolongar la vida de la incineradora 15 años más hasta 2040 y para colmo incluso plantean aumentar el volumen de residuos incinerados”, remarcó.

Desde el Partido Popular, José Antonio Martínez Páramo defendió la gestión municipal asegurando que actualmente se incineran 55.000 toneladas menos que en la anterior legislatura de la izquierda, y señaló que la planta es “esencial” y que su continuidad está amparada por la Ley de Contratos del Sector Público hasta que se formalice un nuevo contrato. “La incineradora se cerrará cuando cumplamos los objetivos de vertido, que es el 10% en el año 2035”, afirmó. 

En relación con los estudios de impacto en la salud, Martínez Páramo aludió a informes previos para señalar que no existen evidencias concluyentes. “La señora Sabanés, cuando se batía el récord de incineración, en el año 2019 encargó un estudio de evaluación de la incidencia de la salud en emisiones procedentes del PTV. Según las conclusiones, no hay evidencias que demuestren que la actividad de la planta incida en la salud de la población. ¿Por qué ahí el estudio decía que no era dañino a la salud y ahora ustedes, que se ha reducido considerablemente la incineración, piden un estudio?”, cuestionó. 

Además, Martínez Páramo recordó que actualmente se realizan mediciones en la calidad del aire en el entorno de Valdemingómez, además de puntos más alejados. También citó el estudio de contribución de emisiones atmosféricas de las Lomas que el CSIC publicó en 2021 y los controles implantados desde finales de 2024 para determinar el origen de los distintos contaminantes. “Hemos invertido 30 millones en minimizar los olores y se han reducido las quejas respecto a cuando ustedes gobernaban en un 82%”, sentenció.

Posicionamiento vecinal y ecologista

Vecinos y vecinas de Ensanche de Vallecas se manifestaron hace tres semanas para exigir el cierre definitivo de la planta, denunciando que la exposición continuada de sustancias tóxicas a los vecinos y vecinas de la zona puede conllevar consecuencias para la salud como aumentos de la mortalidad por cáncer, de problemas en el embarazo y el desarrollo de enfermedades y de malformaciones en recién nacidos.

Desde el colectivo vecinal, acusaban también al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de haber mantenido la instalación operativa las 24 horas del día, pese a no cumplir con la normativa europea MTD-2019 y operar con la Autorización Ambiental Integrada caducada, aunque actualmente ya dispongan de una nueva autorización. «Ya tienen la estructura de costes y ya pueden lanzar el contrato, pues lo que sabemos por las intenciones que han hecho públicas es que a Madrid le va a costar en torno a 100 millones de euros para poderse adaptar a las Mejores Técnicas Disponibles. Y la pregunta es, si hace falta esa inversión ¿por qué tenemos ya Autorización Ambiental Integrada?”, ha cuestionado Quique Villalobos, responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM

Con respecto a la finalización del contrato Villalobos ha señalado la improrrogabilidad de este. «Cuando se firmó el contrato ponía que era improrrogable, por lo tanto, antes de que lleguemos a mañana debería haber un nuevo contrato. ¿Qué es lo que hacen? Declaran que esto es un servicio esencial y en base a la Ley de Procedimiento Administrativo dicen que lo pueden mantener hasta que haya un nuevo contrato. Pero esto no es serio», ha criticado.

En relación a los temas tratados durante el debate del Pleno y de la cantidad de toneladas incinerada en la planta, Villalobos ha señalado que «la incineradora, quitando 2 años, prácticamente siempre ha quemado a su límite y esto no hace bueno a ninguno. Al final esto es una especie de recurso que tienes ahí y ya que lo tienes, lo utilizas a tope. Lo que marca es la rentabilidad de quien la está explotando, y si el que la está explotando va a sacar rédito de energía, tiene que quemar un número X para cobrar el canon correspondiente, etcétera, pues te puedes quedar en unos miles de toneladas más o menos y si eso es lo que marca la diferencia, no es sustancial».

Como alternativa, plantean una reordenación del modelo. «Nosotros proponemos intensificar muchísimo más la recogida de la orgánica. La orgánica, en peso, es la mitad del residuo que generamos las personas, y si tú lo recoges adecuadamente, no tiene ni por qué llevarlo a Valdemingómez y nos estaríamos ahorrando combustible. Que todo el canal comercial esté diferenciado del residencial, que tú puedas saber cuánto genera desde una mercería a una tienda de todo a 100 y le digas, «a ver, está generando tanto, vamos a hacerte una trazabilidad, tendrías que llegar a esto, te voy a poner unas condiciones, al principio van a ser fáciles, progresivamente van a ser más estrictas y te lo voy a poner todo lo fácil que pueda». Que los casi 40 millones de euros que nos cuesta todos los años ahora, se lo dediquemos a otras cosas como la prevención», ha propuesto Villalobos.

Por su parte, desde la AV PAU Ensanche de Vallecas, insisten en que la planta sí podría cerrarse. «Pensamos que la incineradora se puede cerrar si se ponen en marcha medidas para la reducción de residuos. Es más que evidente que existe un interés económico en que la incineradora siga funcionando, ignorando totalmente la salud y los perjuicios que sobre ella causa esta instalación», ha afirmado Rosa María Mateo, presidenta de la asociación.

La portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, Mª Ángeles Nieto, ha recordado que el contrato termina este 31 de diciembre y advirtió de que “para la Mesa de Trabajo por el cierre de la incineradora de Valdemingómez que integra a la Plataforma Ecologista Madrileña y a la FRAVM, estamos ante la oportunidad perfecta para planificar su cierre ordenado y apostar por un modelo de residuos sin incineración”. 

Sin embargo, denunció que la prórroga que prepara el Ayuntamiento de Madrid encadenaría un nuevo contrato con “inversiones millonarias para “modernizar” la planta y prolongar su vida útil hasta bien entrada la década de 2040”.

Ante la apuesta por la incineración, Mª Ángeles Nieto, ha afirmado que hay alternativas. “Numerosas ciudades europeas están reduciendo de forma drástica la cantidad de residuos mezclados que generan, potenciando la prevención, la reutilización, los sistemas de depósito, devolución y retorno, la recogida separada puerta a puerta, el compostaje de la materia orgánica y las plantas de tratamiento mecánico-biológico bien diseñadas, que priorizan la recuperación de materiales en lugar de su destrucción”.

“En ese sentido podemos destacar Múnich (Alemania),  Capannori (Italia), Isla de Krk (Croacia). Madrid podría estar en ese grupo de ciudades pioneras, pero sus responsables políticos prefieren mirar hacia otro lado y garantizar beneficios a las grandes empresas del sector”, ha denunciado.