El Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid han suscrito este lunes, 15 de abril, un protocolo para desarrollar el Plan Extraordinario de Realojos de la Cañada Real Galiana. Se ejecutará en los próximos 10 años y dispone de un presupuesto de 330 millones de euros.

Es el último paso dado desde la firma del Pacto Regional por la Cañada Real firmado el 17 de mayo de 2017. Desde entonces, los actores de esta estrategia político-administrativa han logrado el realojo de 311 familias.

El nuevo acuerdo cuenta con un presupuesto de 330 millones de euros, dividido en tres partes, una por cada nivel de la administración. La inversión de los municipios dependerá del número de familias asumidas.

El proceso de realojo incluirá la adquisición de viviendas, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos necesarios y directamente relacionados con estos. También, el derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales existentes, así como las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de reurbanización y regeneración urbana de la zona.

Acceso a vivienda pública

El nuevo protocolo garantizará el acceso a una vivienda digna para 1.600 familias. Estas tendrán acceso a inmuebles de titularidad municipal y regional en régimen de alquiler social.

El documento ha sido firmado en la fábrica de muebles de la Cañada Real por el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo; la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo; y el delegado de Políticas de Vivienda de Madrid, Álvaro González. Al acto han asistido el secretario general de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero; el delegado madrileño de Políticas Sociales, José Fernández, los comisionados para la Cañada Real Ignacio Sánchez (Comunidad de Madrid), José Enrique Núñez (Ayuntamiento de Madrid) y Pedro del Cura (Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid), el concejal de Política Territorial del Ayuntamiento de Coslada, José Ventura; además de diputados en la Asamblea de Madrid y concejales de los grupos municipales en los tres consistorios, junto a representantes de las asociaciones vecinales y de organizaciones y colectivos como Fundación Secretariado General Gitano, Arquitectura sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Madrid, Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, ACCEM y Diaconía, entre otros.

David Lucas incidió en que «estamos ante uno de los núcleos de infravivienda más grandes de toda Europa y tenemos que ser capaces de afrontarlo con garantías para garantizar que la dignidad de las personas que viven en la Cañada Real es correspondida con viviendas adecuadas y asequibles, cumpliendo así el artículo 47 de la Constitución Española».

Un futuro prometedor

Jorge Rodrigo ha anunciado que los 110 millones de responsabilidad regional irán destinados a la adquisición de inmuebles, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos necesarios para ejecutar el realojo de estas familias. «Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que habitan en la Cañada y que actualmente conviven en condiciones de precariedad y pobreza», ha señalado.

Aída Castillejo ha reclamado que, después de la firma de este protocolo, en el convenio que debe surgir del mismo, se puedan materializar “unos plazos ciertos de ejecución que den garantías a las familias de Cañada” y ha reclamado los recursos económicos necesarios para que los realojos sean una realidad en un plazo de tiempo razonable.

Álvaro González ha explicado que este protocolo no es sólo un acuerdo entre administraciones sino un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de muchas personas, «un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí y que también merecen una igualdad de oportunidades».