Este miércoles, 23 de septiembre, David Bonachera, de 52 años, y su hijo, de 21 años, han sido desahuciados de la vivienda en la que residían en la calle Mazaterón número 10, en el Ensanche de Vallecas. El desahucio se ha producido mientras vecinos y colectivos se concentraban para tratar de impedir el lanzamiento.

David era uno de los vecinos afectados por la venta de las dos promociones de vivienda social ubicadas en este barrio de Villa de Vallecas. Los inmuebles fueron promovidos inicialmente por la Fundación La Caixa dentro de su programa de obra social, y los residentes, que habían accedido a estos pisos, de unos 40 metros cuadrados, tras cumplir determinados requisitos como ser mayores de 65 años, menores de 35 o tener unos ingresos bajos, pagaban alquileres de entre 400 y 600 euros mensuales. 

En el caso de David, que residía en esta vivienda desde el año 2007, su contrato expiró en el 2022 y la propiedad rechazó ya entonces su renovación, aunque durante todo el proceso judicial continuó pagando el alquiler.

La vivienda forma parte de las promociones que fueron vendidas y pasaron a estar gestionadas por el fondo Mosaic Propco S.L.U. Los vecinos denunciaron en su momento que, tras la operación, los nuevos propietarios no mantuvieron las condiciones de los contratos sociales y comenzaron a comunicar la no renovación de los alquileres. 

El caso de David no es un hecho aislado, este se enmarca en un conflicto que afecta a más de 200 vecinos de las dos promociones ubicadas en las calles Mazaterón 8-10 y Fresno de Cantespino 1-3.

AV PAU Ensanche de Vallecas

Por su parte, desde la Asociación Vecinal PAU Ensanche de Vallecas han calificado la situación como «una vergüenza» y han criticado la actuación de la Fundación La Caixa y del nuevo propietario de las viviendas.

«David alquiló un piso a la Obra Social La Caixa. Ha estado pagando religiosamente su alquiler y, como a los señores de la Fundación les ha parecido un negociazo vender el bloque a un fondo buitre, este ha decidido no renovar ninguno de los contratos existentes», ha señalado Rosa María Perez, presidenta de la asociación.

«Estamos hablando de pisos pequeños en los que se está pagando 600 euros, pero les debe parecer poco una renta que supone más de un 50% del SMI. Les importa un pimiento la vida de las personas», ha añadido.