Más de doscientos vecinos de dos promociones de vivienda social del Ensanche de Vallecas, ubicadas en las calles Mazaterón 8-10 y Fresno de Cantespino 1-3, están al borde de perder sus pisos de alquiler asequible. Los vecinos denuncian que sus contratos no se renovarán después de que los edificios hayan sido vendidos a un fondo de inversión.

Durante casi dos décadas, estas personas han residido en viviendas promovidas por la Fundación La Caixa dentro de su programa de obra social. Pagaban entre 400 y 600 euros al mes por pisos de 40 metros cuadrados a los que accedieron tras cumplir algunos requisitos como ser mayores de 65 años, menores de 35 o tener unos ingresos bajos.

Los contratos se renovaban periódicamente bajo la premisa de que la vivienda tenía una finalidad social, pero esto parece haber concluido tras la venta de los edificios al fondo Mosaic Propco. S.L.U. En 2020 empezaron las primeras negativas a renovar contratos, y algunos vecinos fueron abandonando sus casas progresivamente. “En mi planta ya he visto marcharse a cuatro vecinos”, afirma Javier, uno de los afectados.

Pero ha sido este año cuando los residentes han recibido cartas firmadas por Mosaic Propco S.L.U, informando de que los contratos pasaban a depender de ellos y que estos no iban a ser renovados. “La Fundación La Caixa ni siquiera nos avisó de la venta. Han vendido sin contar con nosotros, sin ofrecernos el derecho de tanteo y de retracto”, critica este vecino.

Ahora, los contratos de alquiler social empiezan a expirar y los vecinos, en situación de vulnerabilidad, se ven en la calle. “Los primeros vecinos a los que les vence el contrato tienen que abandonar sus casas el 31 de diciembre de 2025. Ponen una fecha que les quita humanidad, da a conocer el tipo de gente con la que se está tratando”, señala Javier.

David, otro de los vecinos afectados, está entre estos primeros casos, ya que su contrato expiró en 2022 y le negaron la prórroga. Tras llevarlo a los tribunales le dieron la razón, pero recurrieron la resolución y esta aún se encuentra en proceso. 

Y estos no son los únicos casos. Multitud de familias en situación vulnerable residen en estas viviendas, como es el caso de Ana. Ella vive en uno de los pisos de la Fundación La Caixa desde 2008 con su hijo y su madre enferma y con discapacidad. Acaban de notificarle que su contrato de alquiler por el que pagaba 450 euros no va a ser renovado, y teme quedarse en la calle al ver que no puede hacerse cargo de otro alquiler tal y como está el precio de la vivienda.

Algunos vecinos sospechan que este fondo no sea más que una empresa pantalla que siga perteneciendo a la Fundación La Caixa. “Nos resulta todo muy raro, no hay información por ningún lado”, señalan. Además, en los portales de venta aseguran que ya han visto viviendas puestas por más del doble del precio original. 

“Si tenemos que volver a los años 50 o 60 aquí en Madrid y tener que buscar un suelo público que sea de todos, del Ayuntamiento, y tenemos que empezar a montar chabolas, pues tendremos que volver al chabolismo”, afirma Javier. 

Organización vecinal 

Por el momento, los vecinos han comenzado a unirse y a contactar con las asociaciones, tanto vecinales como con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para poder organizarse y exigir que las viviendas sigan manteniendo su función social.

Desde la Asociación Vecinal PAU Ensanche de Vallecas han mostrado su apoyo a las familias y su rechazo a este tipo de prácticas. “Estamos en contra de la venta de vivienda social a fondos de inversión que luego suben los precios de alquiler de manera abusiva o no renuevan los contratos para expulsar a las personas que llevan viviendo en ella desde el principio. En su día estuvimos apoyando a las vecinas y vecinos que tenían alquilada su casa al IVIMA y la Comunidad de Madrid la vendió a Encasa Cibeles. Finalmente y tras largos años de lucha conseguimos vencer en los Tribunales y la CAM tuvo que recuperar esas viviendas y mantener las condiciones a sus legales adjudicatarios”, ha señalado Rosa María Perez, presidenta de la asociación.

La asociación califica de “auténtica vergüenza” que viviendas construidas con subvenciones públicas puedan venderse sin problemas y que “los fondos de inversión puedan hacer lo que quieran con esos pisos que se han pagado con el dinero de todas”, ha concluido Pérez.

Debate político en el Pleno de Villa de Vallecas

El asunto se ha debatido en el Pleno de la Junta Municipal de Villa de Vallecas de noviembre, donde el Grupo Municipal Más Madrid, que previamente tuvo una reunión con los vecinos, presentó una proposición para que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) negocie con el fondo que ha adquirido estos pisos su compra, con el objetivo de incorporarlos al parque público de vivienda asequible. 

La iniciativa incluía además la paralización de los desalojos durante las negociaciones y que desde los servicios sociales de la Junta de Distrito se atienda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante el debate, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto expuso que “son vecinos de nuestro distrito que de la noche a la mañana y por el simple hecho de que las casas en las que viven han dejado de estar protegidas o su plazo como vivienda de protección oficial ya ha expirado, tienen que dejarlas vacías y cerrar la puerta de esta etapa de sus vidas”.

Estos reprocharon al Grupo Municipal del Partido Popular su falta de empatía. “Una vez más queda claro del lado de quiénes están ustedes, de los poderes económicos a los que no se cansan de ponerles alfombras rojas por toda la ciudad, convirtiendo Madrid en un coto de caza para las grandes fortunas que van cobrándose piezas por toda la ciudad, que van comprando la ciudad a trozos y desalojando a los vecinos de toda la vida para hacer más negocio”, señaló Nieto.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular presentaron una enmienda para sustituir la EMVS por la Sareb, aunque esta no fue aceptada, y calificaron la intervención de Más Madrid como un “ejercicio de demagogia e hipocresía”.

“Hay que contextualizar un poco la situación. Este tipo de promociones se hicieron a finales de la burbuja inmobiliaria, siendo presidente José Luís Rodríguez Zapatero, por cierto, creador de la Sareb, del Partido Socialista, que es a quien deberían ustedes dirigir todos los esfuerzos, al Gobierno de la nación”, afirmó Félix Cesar Rubio, portavoz adjtundo de la formación.

Además, centraron su discurso en la relación del Gobierno central con Caixabank y las prácticas de la entidad. “CaixaBank, en connivencia con el Estado, lleva varios años utilizando prácticas que se entienden denunciables, como negarse a conceder las prórrogas obligatorias en pandemia y subidas abusivas del alquiler que se deberían considerar ilegal”, insistió Rubio.

Los populares justificaron su voto argumentando que la propuesta “trasciende al ámbito de lo privado y no cabe que se sustancie en este pleno porque sería una negociación que en este caso ustedes, ya que son el grupo proponente, deberían instar al Partido Socialista, en este caso es el responsable de la Sareb, para que obrara al respecto”. 

El Grupo Municipal Vox, que optó por abstenerse, abordó el tema desde una perspectiva más amplia sobre la crisis de la vivienda a nivel nacional. «La crisis de la vivienda es un cúmulo de problemas que se han ido sumando, alimentando y retroalimentando hasta convertirse en un entramado que el ciudadano común está pagando de sus bolsillos con alquileres altísimos y compras impensables”, señaló Luis Isaías Ramírez Gómez, portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox.

Entre sus soluciones propuestas, destacaron la necesidad de «más suelo urbanizable, simplificar la burocracia, derogar la actual ley de vivienda y crear una nueva con tolerancia cero a la ocupación ilegal. Vox también abogó por la «regulación de las viviendas de uso turístico, vivienda protegida para todas las familias o por lo menos gran cantidad de viviendas protegidas, prohibir el arrendamiento a personas sin papeles y atajar la compra masiva de viviendas por fondos y fortunas extranjeras”. 

El Grupo Municipal Socialista, quienes también se reunieron con los vecinos afectados, centró su intervención en denunciar la situación que estos están sufriendo. “Estamos hablando del acoso inmobiliario que están sufriendo los vecinos y vecinas desde hace años. Están sufriendo cómo les han dejado el ascensor sin luces como tiene la puerta del garaje rota, están intentando echarles por tierra, mar y aire”, denunció Ignacio Benito, concejal del Grupo Municipal Socialista.

“No estamos hablando de vecinos que no pagan, estamos hablando de vecinos a los que se expulsa de sus casas únicamente porque se está proponiendo y se está promulgando un modelo inmobiliario en la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid que está expulsando a los vecinos, especialmente a los vecinos humildes, para que vengan turistas y para que vengan inversores extranjeros con mucho dinero”, subrayó Benito.

En defensa de la Ley de Vivienda estatal, los socialistas afirmaron que “esa ley impediría situaciones como esta y ustedes tienen que aplicarla, pero no están queriendo hacerlo”. “Partido Socialista, a mucha honra, Barcelona, una situación similar. 9,2 millones para comprar un montón de edificios que se van a destinar a vivienda social. Eso es lo que se está pidiendo”, remarcó el edil.