La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) organizó un encuentro en el Espacio Fundación Telefónica, que reunió a cuatro consejeros y un viceconsejero de las comunidades autónomas más activas en materia de mejoras urbanísticas y suelo, junto a los presidentes de las juntas de compensación de los principales desarrollos. Además, se trataron las novedades de la nueva versión de la plataforma LandCam, que monitoriza en tiempo real los desarrollos urbanísticos activos en la Comunidad de Madrid.

Durante la jornada, la presidenta de ASPRIMA, Carolina Roca, destacó la reciente firma de cinco convenios con el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Compensación Retamar de la Huerta, Ayuntamiento de Brunete, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y la Nueva Centralidad del Este para sumarse a la plataforma LandCam.

Roca señaló que estos acuerdos refuerzan el compromiso de administraciones y juntas de compensación con el desarrollo de vivienda protegida y asequible, consolidando la colaboración público-privada como motor de transformación urbanística.

El vicepresidente de ASPRIMA, Fernando Moliner, explicó que LandCam ha actualizado las previsiones de disponibilidad de nuevo suelo finalista para el periodo 2025-2030, situándose en 126.579 unidades, un ajuste frente a las 128.441 unidades previstas en 2024. Según señaló Moliner, el ajusto responde a movimientos en desarrollos clave como Campamento, ARPO, los planes del sureste y Nuevo Brunete, que han redefinido los calendarios de los próximos años de puesta de suelo finalista.

Alejandro Bermúdez, cofundador y CEO de Atlas Real Estate Analytics, presentó las novedades de LandCam 2.0, desarrollada por la propia compañía, que ya está disponible en acceso universal, permitiendo que cualquier usuario pueda consultar todas sus funcionalidades de forma directa y sin restricciones. 

Mesas redondas

Durante la jornada se celebraron dos mesas de debate. La mesa redonda ‘Desarrollo Urbano en Madrid: Obstáculos y soluciones desde las Juntas de Compensación’, moderada por Fernando Moliner, vicepresidente de ASPRIMA, reunió a Rafael Olabarri, presidente de la Junta de Compensación del desarrollo urbanístico de Valgrande; Isabel Pelegrí, presidenta de la Junta de Compensación del sector 5 de Brunete; Miguel Díaz Batanero, presidente de la Junta de Compensación de los Cerros, y Darío Rivera, presidente de la Junta de Compensación Retamar de la Huerta.

Los participantes coincidieron en que el mayor reto del urbanismo no es la falta de demanda de vivienda ni de inversión, sino la lentitud y complejidad administrativa, agravada por la inseguridad jurídica y la duplicidad de informes. Todos ellos apelaron a una reforma ambiciosa de la Ley del Suelo para sacar el urbanismo de la polarización política y lo convierta en política de Estado. Además, señalaron la urgencia de que las infraestructuras se desarrollen en paralelo o con antelación al planeamiento urbanístico para garantizar que la producción de suelo acompase las necesidades de vivienda.

Por otro lado, la mesa de debate ‘Transformaciones urbanas en España: Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y las Islas Baleares’, moderada por Carolina Roca, contó con la participación de Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía; Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; José Luis Mateo Hernández, consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad de las Islas Baleares, y Pablo Rodríguez Valido, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

Durante esta sesión, se presentaron nuevas medidas legislativas para fomentar la vivienda protegida y asequible, orientadas a flexibilizar el uso del suelo y agilizar los trámites urbanísticos en las diferentes Comunidades Autónomas.

Madrid permite el cambio de uso de parcelas terciarias a residencial protegido sin alterar parámetros de edificabilidad; Andalucía amplía esta posibilidad a suelos dotacionales privados destinados al alquiler, con incentivos adicionales en densidad y edificabilidad; Canarias ha regulado un procedimiento exprés para destinar suelos terciarios, comerciales e industriales a vivienda protegida y asequible incentivada, con aprobación automática en un mes mediante silencio positivo; y Murcia ha ampliado el suelo urbanizable y reforzado el silencio positivo en informes sectoriales, e introducido licencias básicas con plazos reducidos, así como nuevas figuras de colaboración urbanística. Baleares, por su parte, ha creado los Proyectos Residenciales Estratégicos, que integran en un solo procedimiento el planeamiento y la gestión urbanística, permitiendo incrementos de edificabilidad siempre que al menos el 50% se destine a vivienda protegida.