Adrián Nogales y Marc Aznar son, respectivamente, director de Relaciones Institucionales y secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Atendieron a Nuevo Sureste para explicar cuáles son las realidades y retos de los profesionales del sector a la hora de implementar las infraestructuras de telecomunicación en nuevos desarrollos urbanísticos.

¿En qué fase de la planificación se comienza a implementar la infraestructura de telecomunicaciones?

Adrián Nogales: Hasta hace poco las telecomunicaciones se contemplaban cuando todo estaba ya construido. Ahora, las telecomunicaciones no se consideran de igual forma en todos los ayuntamientos de España, pero en el de Madrid sí existe una cultura respecto al tema. La Ley General de Telecomunicaciones establece una regulación, y los planes generales de ordenación urbana deben contemplar las telecomunicaciones, además de contar con un informe previo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Sin embargo, está costando que este concepto cale. Actualmente, se puede afirmar que todo lo que va soterrado, en referencia a la fibra óptica —sin entrar en cable coaxial u otros sistemas—, ya se contempla. Insistimos en que se haga bajo una filosofía multioperador, ya que el sector está liberalizado y quienes despliegan la red son los operadores. Por otra parte, falta definir el aspecto radioeléctrico, es decir, dónde colocar una estación base o una estación 5G sobre el mobiliario urbano. No es una cuestión que se pueda resolver únicamente con criterios urbanísticos definidos por el ayuntamiento, sino que obedece a criterios de cobertura radioeléctrica y, en cierta medida, de negocio, en función de dónde se encuentren los usuarios.

Marc Aznar: La Ley General de Telecomunicaciones se integra en los planes de ordenación urbanística mediante informes que deben remitirse al Ministerio. Sin embargo, hay un aspecto concreto que, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), estamos impulsando para que se aplique: cuando se realiza el proyecto de urbanización, la Ley 11/2022, general de Telecomunicaciones, establece, en su artículo 51.1, que debe existir un proyecto específico de telecomunicaciones, firmado por técnico competente, en el que se prevea la infraestructura de obra civil, así como un procedimiento que incluya una audiencia a los operadores para conocer sus necesidades. En la práctica, esto no se está aplicando. A menudo, estas cuestiones se resuelven con una simple consulta telefónica a la distribuidora, y ahí queda todo. Entendemos que estos proyectos deben contemplar una infraestructura multioperador y que cada operador pueda reservar sus tubos para alojar sus servicios. El municipio debe contar con infraestructuras adecuadas, especialmente cuando hablamos de nuevas ciudades o desarrollos que requieren infraestructuras sobredimensionadas para garantizar tanto las comunicaciones de los ciudadanos como los futuros servicios de smart city que se deseen implantar.

¿Invitan al sector a las mesas sectoriales de los planes generales, como el que se está desarrollando actualmente en Madrid?

M.A.: En términos generales, la ingeniería de telecomunicación está excluida. Los ayuntamientos han funcionado de forma muy endogámica, y el urbanista, que suele ser arquitecto o ingeniero civil, ve las telecomunicaciones como un servicio más. Para este tema, consulta a un único operador igual que consulta a la compañía eléctrica para la electricidad, cuando en telecomunicaciones tenemos múltiples operadores con redes propias. Hay proyectos urbanísticos de mil páginas que se resuelven de esta manera. El problema es que así no se soluciona. No sabemos cómo será el entorno futuro, pero sí sabemos que la infraestructura debe permitir ofrecer servicios. Quizá cada farola tenga en el futuro una antena, y si no lo prevenimos en 2025, cuando queramos instalar esas infraestructuras, puede que no sea posible hacerlo de la manera deseada.

A.N.: Hay una cuestión básica: las telecomunicaciones irrumpen en el municipio, que es donde viven los ciudadanos en su día a día. Poco a poco se va tomando en cuenta por parte de los técnicos municipales, y llevamos tiempo realizando una labor pedagógica en ese sentido. Desde el Colegio observamos que la Ley, que ya tiene más de dos años de vigencia, establece casi un centenar de desarrollos reglamentarios que afectan directamente al despliegue técnico de las redes, incluidos los de nivel municipal. De alguna forma, se les pide a ayuntamientos y operadores que trabajen «a ciegas», y a todos los agentes que colaboremos a falta de normas aún por desarrollar. Mientras tanto, tratamos de actualizar normas básicas a través de la Asociación Española de Normalización (UNE), como las relacionadas con el despliegue soterrado de fibra mediante infraestructura multioperador. Además, estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para crear una norma técnica sobre el uso del mobiliariourbano para la instalación de estaciones base radio, ya que no solo estarán en azoteas, sino también en farolas, quioscos, marquesinas de autobús, etc. La tecnología exige una labor de normalización para que estos proyectos se implementen, especialmente en zonas de nueva urbanización como los desarrollos del sureste. En resumen, tratamos de cubrir esta necesidad mediante una norma técnica de adscripción voluntaria, que al menos sirva de referencia para un despliegue razonablemente armónico y los ciudadanos puedan beneficiarse de estos servicios.

Nadie discute que los servicios lleguen a las viviendas, ¿por qué la telecomunicación tiene tan mala prensa en las ciudades frente a otras infraestructuras potencialmente peligrosas?

A.N.: Existe una falta de conocimiento sobre la tecnología de telecomunicaciones. La energía eléctrica, por ejemplo, se entiende en cuanto a su impacto urbanístico o visual, pero las telecomunicaciones irrumpieron generando asincronías, porque no hay suficientes técnicos municipales expertos en el tema ni que hablen su lenguaje, salvo excepciones. Además, las telecomunicaciones son competencia estatal, y los ayuntamientos no saben cómo gestionarlas. Con la telefonía móvil, a mediados de los noventa, el Estado obligó a desplegar rápidamente las redes para dotar lo antes posible de cobertura nuestro país, lo que generó una alarma social injustificada por los supuestos efectos de las antenas. Aunque esa alarma se ha calmado, sigue existiendo de forma latente. A esto se suma que los ayuntamientos no quieren llenar de equipos sus espacios y justifican su negativa argumentando impacto visual y normas urbanísticas, cuando en realidad hay que integrar estas infraestructuras en el paisaje, pues son necesarias para prestar servicio a los ciudadanos.

En los nuevos desarrollos, donde tienen un lienzo en blanco, ¿cómo se implementaría una red de telecomunicaciones desde el cuerpo de ingenieros?

M.A.: Por ejemplo, si se desea cubrir radioeléctricamente un desarrollo, se necesitan estaciones base, que dependen de los operadores. El ayuntamiento puede informar a los operadores sobre lo que va a desarrollar en los próximos años y preguntarles dónde querrán las estaciones, pero es complicado que se pongan de acuerdo, en parte porque la planificación de los operadores es a más corto plazo, y no saben qué harán más allá de pongamos seis meses. Esa es la realidad. Lo correcto sería que el ayuntamiento reuniera a las empresas para definir las zonas de instalación de antenas, lo que se conoce como un plan de implantación. El operador, conociendo el área a cubrir y el tipo de construcciones previstas, podría realizar una primera planificación, pero en general, como los operadores no trabajan con previsiones a tan largo plazo. Este desajuste entre la planificación urbanística y la planificación de las empresas complica las cosas. Lo que se puede hacer es prever espacios públicos y zonas diáfanas para infraestructuras radioeléctricas, pero para ello, el ayuntamiento debe contar con personal especializado que trabaje de forma coordinada con los operadores.

¿Cómo se conceptualiza el dominio público digital en las smart cities y se garantiza la conectividad avanzada?

A.N.: En el concepto de smart city, las telecomunicaciones son clave. La conectividad es esencial para convertir una ciudad en inteligente. Si no existe un despliegue de infraestructuras adecuado, no se podrán implementar las plataformas de gestión, el mobiliario inteligente, la sensorización ni los sistemas de información que los ayuntamientos desean. Para garantizar esta conectividad, es necesario soterrar infraestructura, reservar espacios para estaciones radio que permitan implantar el internet de las cosas y la sensorización, tanto en espacios públicos como privados. Subrayo lo privado porque la smart city no se limita al espacio público: por ejemplo, si podemos conocer cuántos vehículos salen de un aparcamiento privado en un horario concreto, la administración local podrá realizar mejores cálculos de tráfico.

¿Se está garantizando la equidad en ese sentido?

M.A.: El fondo del problema radica en que se están creando ciudades o barrios con miles de viviendas nuevas en lugares donde antes no existían problemas de tráfico ni de acceso a recursos, pero ahora sí los habrá. O se digitaliza y monitoriza la gestión para optimizarla, o los costes serán enormes, ya sea en recogida de residuos, gestión ambiental o tráfico. Si no se instalan sistemas de medición y control, la ciudad no podrá acoger a tanta población o lo hará de forma ineficiente. Respecto a los servicios de telecomunicaciones, se supone que llegarán, porque los operadores, tras evaluar el coste-beneficio, se implantan en zonas urbanizadas y consolidadas. Otra cuestión es la dificultad que presentan las zonas rurales.

A.N.: El papel del ayuntamiento debe ser garantizar al ciudadano el acceso a las telecomunicaciones en coordinación con todos los operadores, ya que se trata de un servicio de interés general. El año pasado, desde el Colegio solicitamos por escrito al Ministerio que no se elimine el servicio universal de telecomunicaciones, para evitar precisamente que haya zonas sin cobertura.

Dada la acelerada evolución de las telecomunicaciones, ¿presenta dificultades específicas de planificación su implantación?

M.A.: En cualquier nueva edificación ya se planifica la infraestructura con la operadora para garantizar un servicio correcto. Trabajamos en equipos multidisciplinares con arquitectos e ingenieros para diseñar la red y reservar los espacios necesarios en los edificios. En este ámbito sí existe equidad, ya que todas las viviendas, desde la entrada en vigor del RD-ley 1/1998,tienen garantizados unos mínimos de conectividad.

¿Existe problemática al implementar distintas tecnologías al mismo tiempo?

A.N.: Las tecnologías están muy consolidadas: por un lado, la radiodifusión, que se recibe por antena situada en las azoteas de los edificios, y por otro, la fibra óptica. Las telecomunicaciones se basan en estándares e interfaces que garantizan la compatibilidad con tecnologías previas. Eso sí, es necesario evitar interferencias radioeléctricas, lo que supervisa la Secretaría de Estado. Posteriormente, las infraestructuras crecen con aplicaciones estandarizadas y homologadas. El internet de las cosas implica implantar sensores y sistemas de monitorización, pero esto no representa un problema, sino la necesidad de contar con infraestructura adicional.

¿Cómo se plantea el concepto de edificio como unidad básica de la ciudad inteligente?

A.N.: Al usuario de la vivienda hay que garantizarle derechos constitucionales como la seguridad de la información y el acceso libre a esta, lo que proporcionan las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (las denominadas ICT). Actualmente, cualquier edificio de nueva construcción dispone de estas conexiones y el usuario puede elegir operador. Además, las directivas europeas plantean la eficiencia energética de los edificios, que deben ser sostenibles y estar monitorizados y conectados, más allá del acceso de sus moradores a la sociedad de la información. Esto incluye controlar la calidad del aire, la temperatura, el consumo energético, etc., a través de redes de sensores propias, convirtiendo al edificio en un usuario más que ofrece servicios a sus habitantes. Todo esto está llegando ahora a España, y considero que estamos en una posición de ventaja a nivel europeo, siempre que la administración asuma su responsabilidad. Con el modelo de infraestructuras que tenemos, debería ser relativamente sencillo añadir elementos asociados al propio edificio.

M.A.: No se puede concebir la construcción de la ciudad del siglo XXI sin incorporar cómo participa el edificio en el consumo de recursos del municipio y en sus necesidades.