Desde hace algunos años, los vecinos del barrio de El Cañaveral se han encontrado con un obstáculo en su intento de apostar por la energía solar. Lo que comenzó como un proyecto de sostenibilidad y ahorro energético se ha convertido en una marea burocrática, que amenaza con obligar a retirar las placas solares de algunos vecinos por no cumplir con la normativa. Desde el Ayuntamiento aseguran que los técnicos encontrarán una solución.

Varios residentes del barrio han decidido instalar placas fotovoltaicas en sus viviendas en los últimos años. Según relata José Miguel, uno de los vecinos que las colocó, en el año 2022 se puso en contacto con una de las empresas acreditadas que le aseguraban encargarse de que todo fuera conforme a la normativa y de pedir las subvenciones, además de realizar la instalación.

Tras pedir y recibir las subvenciones y los descuentos en el IBI, pensaban que estaba todo en orden. Sin embargo, tres años después, y una vez presentada la declaración responsable, les informan desde el Ayuntamiento de que sus instalaciones no cumplen la normativa urbanística porque las placas se ven desde la calle y les notifican que las retiren o adapten a la normativa.

Según denuncian, los técnicos atribuyen el problema a una modificación del Plan Parcial aprobada en 2023, algo que, afirman, está siendo aplicado con carácter retroactivo, afectando a instalaciones realizadas un año antes. «Las compañías te dicen que lo han instalado según normativa y que no tienen la culpa. Claro, nosotros hemos pedido una licencia en 2022 y se nos aplica una ley que se hizo en 2023», señala José Miguel.

La indignación crece entre los afectados por la falta de claridad en las respuestas municipales. Este vecino asegura que, tras varias reuniones, los técnicos no son capaces de explicarle qué alternativa es viable para adaptar sus instalaciones.

“En mi comunidad somos cinco vecinos a los que nos han denegado las placas por una incorrecta instalación. Tú vas a hablar con el Ayuntamiento de Madrid, reclamas, explicas las cosas y ellos ni siquiera son capaces de darte soluciones. Me dicen que ponga las placas en el suelo, pero no puedo porque nos quita acceso a las terrazas, y al pedir más soluciones no saben darnos algo viable. Te dicen que las cubras con una tela para que no se vean desde la calle, pero claro, si las tapas no llega la luz», critica.

Además, afirman, quienes no cumplan con la normativa se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros y a la devolución de las bonificaciones del IBI, obtenidas tras la colocación de las placas.

Búsqueda de soluciones 

Según ha explicado a Nuevo Sureste el concejal presidente del distrito de Vicálvaro, Ángel Ramos, la modificación del Plan Parcial no afectó a la normativa de la instalación de estas placas, y añade que, en cualquier caso, no se aplicaría con carácter retroactivo. “Si las colocaron en 2022, la ley que se aplica es la de ese año”, ha afirmado. 

Ramos ha añadido que se está trabajando para ofrecer una solución que permita a los vecinos conservar sus instalaciones.

“La idea es buscarles una solución para que lo puedan mantener y los técnicos están viendo de qué manera lo pueden legalizar. Nosotros no queremos que las quiten, ya que estamos apostando por este tipo de energía», ha subrayado.