El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), ha lanzado el concurso para la adjudicación de derechos de superficie sobre 13 parcelas ubicadas en dos de los nuevos desarrollos del sureste de la ciudad: Los Ahijones y Los Berrocales. 

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la construcción de viviendas de protección pública destinadas exclusivamente al alquiler asequible, mediante un modelo de colaboración público-privada.

La licitación, con un precio tipo total de 685.000 euros (sin IVA) y un plazo de vigencia del derecho de superficie de 70 años, se divide en tres lotes. Una vez transcurrido ese periodo, la propiedad de lo edificado revertirá a EMVS Madrid sin compensación alguna.

En cuanto a la distribución, el Lote 1 corresponde a Los Berrocales e incluye tres parcelas (RC 8.13.1, RC 8.13.2 y RC 8.15.2) destinadas a Viviendas de Protección Pública de Precio Tasado (VPT), con un precio de licitación de 375.000 euros. 

El Lote 2, en Los Ahijones, contempla dos parcelas (RMA 7.2 y RMA 7.3) para Viviendas de Protección Pública de Precio Básico (VPPB), por 100.000 euros. 

Finalmente, el Lote 3, también en Los Ahijones, es el más amplio, con ocho parcelas (de la RMC 23.1 a la 23.6 y las RMC 24.4 y 24.5), destinadas a VPPB y Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), con un importe de 210.000 euros.

Las empresas interesadas tienen un plazo de 120 días naturales para presentar sus ofertas. Una vez obtenida la licencia de edificación, el adjudicatario contará con un máximo de 30 meses para ejecutar las obras. 

Las viviendas deberán tener una superficie útil de entre 40 y 90 metros cuadrados, con tipologías de uno, dos y tres dormitorios. Además, se priorizarán proyectos que integren criterios de sostenibilidad, como baja demanda energética, sistemas de construcción industrializada y el uso de fuentes de energía no fósiles.

Los futuros inquilinos deberán cumplir ciertos requisitos para acceder a estas viviendas: no superar 5,5 veces el IPREM en ingresos, acreditar al menos tres años de empadronamiento o actividad laboral en Madrid, no ser titulares de otra vivienda en el territorio nacional y que el alquiler anual no exceda el 30% de los ingresos netos de la unidad de convivencia.

Durante los 70 años de vigencia del contrato, el adjudicatario asumirá los costes de construcción, explotación y mantenimiento de los edificios. Las rentas estarán limitadas por la normativa de vivienda de protección pública, valorándose positivamente las propuestas que incluyan rebajas adicionales sobre estos precios máximos.