La Comunidad de Madrid mantiene su intención de aprobar la prórroga de la explotación minera en las Lagunas de Ambroz, un proyecto que ha generado un fuerte rechazo por parte de colectivos ecologistas y vecinales del entorno y que afecta directamente al futuro desarrollo de la Nueva Centralidad del Este.

Mientras Ecologistas en Acción Madrid denuncia el impacto ambiental y social de la iniciativa, el Gobierno regional defiende que cumple con todos los requisitos legales y medioambientales.

Así, según la organización ecologista, la ampliación de la explotación de sepiolita por parte de la empresa TOLSA supondría “la destrucción de la Laguna Grande de Ambroz”, afectando a un enclave que alberga diversas especies de aves acuáticas y una colonia de cría de avión zapador, catalogada como de interés especial.

Desde el colectivo aseguran que la Comunidad “ignora y desprecia una vez más la biodiversidad existente en la laguna y su entorno”, y critican que se priorice el beneficio económico frente a la protección medioambiental y la calidad de vida de los vecinos de barrios cercanos como Vicálvaro o San Blas-Canillejas.

Además, advierten de que la explotación minera se sitúa a escasa distancia de viviendas, instalaciones deportivas y centros educativos, lo que, a su juicio, generaría molestias y posibles afecciones a la salud derivadas de una actividad a cielo abierto.

La Comunidad defiende la legalidad y minimiza el valor ambiental

Por su parte, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha defendido públicamente la decisión del Ejecutivo autonómico, subrayando que el proyecto cuenta con todos los informes favorables.

“El proyecto cuenta con los avales medioambientales requeridos. No obstante, esta asociación puede presentar las alegaciones que considere oportunas”, apuntan desde el Gobierno regional.

Novillo ha insistido en que la empresa dispone de derechos de explotación reconocidos legalmente: “Hay unos derechos de explotación por parte de una empresa, una concesión que ha solicitado una prórroga y que ha cumplido con todos los requisitos de evaluación ambiental que se le exige para poder continuar y, a partir de ahí, no hay ningún instrumento legal para impedir que esa explotación continúe”.

Asimismo, ha explicado que los informes técnicos de la consejería concluyen que la laguna “no tiene el valor para catalogarla como en esos otros humedales que tenemos en nuestra comunidad”, restando relevancia ambiental al enclave señalado por los ecologistas.

El consejero también ha apuntado a cuestiones de seguridad, asegurando que se trata de una zona de riesgo donde “se han producido tres muertes por ahogamiento”, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de intervenir en el espacio.

Recuperación ambiental y futuro uso como zona verde

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que la explotación minera incluye planes de restauración del entorno. “La condición para poder explotar esos minerales siempre tiene que venir con un programa de recuperación de los espacios”, ha explicado Novillo.

En este sentido, ha detallado que dicha recuperación será progresiva: “No hay que esperar a la finalización de la explotación, sino que son por fases y en las zonas en las que ya no hay explotación tienen que hacer esa recuperación y poderla devolver a la sociedad como una zona verde”.

El Gobierno regional asegura que vigilará el cumplimiento de estas medidas y que se coordinará con el Ayuntamiento para facilitar la transformación futura del espacio en áreas verdes, en línea con otros proyectos similares en la región.

Mientras tanto, las organizaciones ecologistas han anunciado que presentarán alegaciones formales contra la aprobación de la prórroga y no descartan emprender acciones judiciales para frenar el proyecto, manteniendo abierto un conflicto que afecta directamente al desarrollo urbanístico y ambiental del Nuevo Sureste.