La empresa Tolsa ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente la ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su explotación minera en las lagunas de Ambroz. Este expira el próximo 30 de noviembre de 2023.
La compañía solicita el vaciado de la laguna de mayor tamaño y el desmonte de más de 15 hectáreas de terreno en sus orillas sur y oeste, según reza el informe. En este documento, la Consejería condiciona su visto bueno a que Tolsa solicite una modificación del plan de restauración ambiental. En él, se debe conservar «la biodiversidad instalada» para garantizar un «ecosistema lagunar biodiverso y estable». Debe realizarse antes de seis meses después de la aprobación definitiva de la ampliación.
Ecologistas en Acción, como entidad consultada en el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, ha informado negativamente sobre esta solicitud de prórroga. Denuncia que la nueva solicitud supondría el incumplimiento del artículo 43 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Y es que, afirman, se han producido cambios sustanciales respecto a la valoración de impacto ambiental original.
Área «fragmentada y sin valores naturales»
Considera que la nueva actuación solicitada supone la destrucción de la laguna de mayor tamaño, pues pretende su rellenado. También, un cambio en el plan restauración ambiental totalmente distinto al actual, lo que impide la prórroga solicitada.
La empresa se había comprometido con el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Rector de la Nueva Centralidad del Este para la conservación de este espacio natural. Los ecologistas, por su parte, avisaron que las actividades económicas son dudosamente compatibles con la sostenibilidad del ámbito.
Según los ecologistas, la DIA de 2019 no ponderó los valores ambientales del ámbito, considerándola «un área muy fragmentada y sin valores naturales». Por este motivo, la organización verde solicitó una revisión de oficio y una suspensión de dicha declaración, aún no resuelta.
El informe del Ejecutivo regional reconoce de facto, a juicio de los ecologistas, los valores ambientales del entorno, ya justificados en un extenso informe. Esta apreciación dejaría sin efecto la paralización de la Proposición No de Ley para la protección del entorno presentada en 2021.
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