Rita Maestre es la portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Analizó con Nuevo Sureste la realidad urbanística, social y ambiental de los nuevos desarrollos.

Los urbanistas hablan del regreso a la densificación de la ciudad. Ustedes han sido críticos con el modelo de los PAU del norte ¿Los desarrollos del sureste responden al modelo que tienen en la cabeza?

Estos desarrollos se planificaron en 1997 y son el final de la ciudad. Cuando se terminen, prácticamente, la ciudad se cierra. Se acaban los espacios vacantes y tenemos la oportunidad de utilizar esta bolsa de suelo que, si bien es la última, no es pequeña. En ese sentido, debemos dedicarle un tiempo para pensar porque ha pasado mucho tiempo desde entonces y ha habido mucha reflexión teórica y práctica sobre las necesidades de la ciudad casi 30 años después. Estamos hablando de que estas bolsas de suelo son también las últimas bolsas medioambientales, corredores y acuíferos que puede tener la ciudad. Creo que desde el año 1997 a 2025 existe una certeza en sectores muy amplios de la población y, desde luego, en la academia y el pensamiento en torno a que la ciudad no puede ser una suma infinita de casas una encima de la otra. Hace falta una ciudad armonizada con el medio ambiente, ya no por la salvación del planeta sino por la supervivencia de la propia ciudad y el uso de los recursos. Con respecto a las densidades, hemos sido muy críticos con el modelo de 1997, que ya entonces no era muy novedoso. En los 80 ya había mucho debate sobre el concepto de PAUs de manzana cerrada y poca densidad. Ahora, desde luego, es antiquísimo. Por ejemplo, en el caso de Campamento, un plan del año 2009, se está viendo cómo abrir las manzanas y modernizar el modelo, y les está resultando difícil porque están anclados a ideas y a aprobaciones de hace muchos años.

Creemos que la necesidad de pensar el final de la ciudad es grande y tenemos que acometerlo con valentía y con idea de futuro. El marketing verde no sustituye a la realidad y no la tapa. Tú puedes pintar muchos árboles en un render pero luego no están ahí, o están pero, como no se cuidan, se mueren, como ha pasado con el Bosque Metropolitano. O puedes poner muchos carteles del Bosque Metropolitano pero estar hablando de terrenos de juntas de compensación que, por muchas licitaciones que hagas, se quedan vacíos. Y eso es un problema. A esto se suma la necesidad de la vivienda en Madrid. Una ciudad que sigue creciendo y atrayendo mucha población pero, ojo, atrae a un tipo de personas y expulsa a otros. Cuando miras los datos de población en Madrid, hay más gente de menos de 30 años que sale de la que entra porque consolidar una familia a los 35 años en la ciudad es complicado. Por eso, se van a otros términos municipales donde pueden construir familias y aquí, no. Sé que son muchas cosas juntas pero, por resumir, no dejemos que la inercia de lo que se planificó como una buena idea hace 30 años determine una bolsa de suelo y espacio público fundamental como es la de los nuevos desarrollos. Intentemos, en la medida de las posibilidades, incorporar la visión de futuro y que no nos aten a un modelo que hace 30 años ya era antiguo.

Los vecinos de El Cañaveral se quejan de la falta de equipamientos. Estos se crean en función de indicadores, sobre todo vinculados a la cantidad de población ¿Qué impacto tiene en la población pionera que llega a un nuevo barrio esta espera?

Los indicadores son datos objetivables que permiten hacer proyecciones. Cuando tú vendes casas en las que hay unidades familiares, puedes prever las necesidades que hay en ese barrio. Sobre todo, cuando sabes que un centro de salud no se construye chasqueando los dedos. Como administración que otorgas licencias de urbanización y edificación, puedes proyectar la población que va a vivir en un ámbito y la necesidad de servicios públicos que va a tener. El modelo del Partido Popular en Madrid es desde hace muchos años el mismo: primero se venden las casas, el negocio por delante, los vecinos pagan el IBI por servicios que no reciben pues siguen vinculados para ello a sus antiguos barrios. Es un modelo que pone por delante el negocio de constructoras e inmobiliarias y que, de algún modo, convierte a los vecinos de los nuevos desarrollos en vecinos de segunda que pagan impuestos pero no tienen a cambio los servicios que necesitan, cuando es perfectamente posible proyectarlos. La diferencia es gastarse ya el dinero en construir ya un centro de salud o un instituto, como llevan años esperando Sanchinarro o el Ensanche de Vallecas.

He venido a El Cañaveral en muchas ocasiones. La primera vez, tenía 3.000 habitantes. Ahora, supera los 20.000. Este crecimiento no ha sido inesperado, pero se está empezando a construir ahora un colegio y no hay instituto, ni un centro de salud. Lo que sí hay es una enorme oferta de servicios privados o concertados como en otros barrios de la ciudad de Madrid porque el mercado va más rápido que lo público. Y eso es una decisión política porque los que permiten esa construcción, Comunidad y Ayuntamiento, saben que un padre no puede dejar de llevar a su hijo al colegio. Si no lo hay aquí, lo llevaré a otro barrio. Y, si no hay uno público, lo llevaré a un concertado, que es lo que, casualmente, está ahí cerca. Por supuesto, no es casualmente. La falta de servicios en El Cañaveral es el caso más sangrante a día de hoy pero es sólo la continuación de casos que han venido previamente. Es una forma de gobernar que pone por delante el negocio y los vecinos encuentran soluciones porque no les queda otra. Y esa solución pasa por tardar una hora en llevar a los niños al colegio porque, aunque tienes avenidas de diez carriles, tienes conexiones estrechas con el resto de la ciudad que se embotellan a la salida por la mañana y a la vuelta por las tardes.

¿Cuál es su formato?, porque la opción alternativa es construir los equipamientos y que los doctores y los profesores estén esperando a los vecinos que van llegando en la puerta.

Si en el año 2018, cuando empezaron a otorgarse las licencias de edificación en El Cañaveral, la Comunidad de Madrid hubiera comenzado a construir la escuela infantil, el colegio, el instituto o el centro de salud, ahora no habría nadie esperando el servicio público. Antes de que el médico esté esperando en la puerta, has tenido que construir un edificio que requiere licitar una obra y hacer un estudio geológico. Ese proceso tiene unos plazos sin discusión. Si, por ejemplo, un centro de salud llega después de tres años de construcción, hay que meter las excavadoras, pero no cuando ya hay 20.000 vecinos viviendo, que es lo que está pasando en El Cañaveral. De alguna manera, hemos propuesto en la Asamblea y el Ayuntamiento vincular la obligación para las administraciones. No puede depender de la generosidad de un político que venga al barrio y diga que ya toca. Debería ser una obligación de las administraciones proveer de unos servicios básicos a los ciudadanos.

Ese es el modelo de Barcelona.

Yo no concibo que pueda haber zonas de la ciudad alrededor de las cuales no haya ni una sola infraestructura pública. Una escuela infantil que se empezó a construir en el Gobierno de Carmena y se terminó en el de Almeida y poco más, en un barrio de 20.000 personas es toda la dotación de El Cañaveral. Es un sinsentido y más si lo comparas con la ciudad consolidada o con cualquier municipio donde, a partir de los 15.000 habitantes, hay una biblioteca, un centro cultural, un ambulatorio, un colegio y un instituto si es cabeza de partido. Esa diferencia no hay porqué asumirla como tal.

Uno de los aspectos que se critica del planeamiento de los nuevos desarrollos es su costura con Madrid ¿Qué diagnóstico y soluciones de movilidad proponen?

Por una parte, a El Cañaveral se le prometió un Metro que estaba en el plan estratégico de la Comunidad de Madrid. Sin solución de continuidad, se habló de que hay un problema geológico de suelo. Si la Comunidad de Madrid sostiene que es difícil hacer un Metro a El Cañaveral y estamos de acuerdo en que, para hacer la chapuza del Metro de San Fernando, hay que buscar otras alternativas, nosotros hemos propuesto la creación de un bus rápido de alta velocidad que conecte El Cañaveral y otros puntos de la ciudad con el centro. Una solución que no es innovadora porque hay ciudades donde ya está implantado desde hace 30 o 40 años. Pero, en todo caso, una solución de movilidad rápida y eficiente para trasladar a los vecinos a los distintos distribuidores de transporte de Madrid, no sólo al centro. Esa propuesta de BRT, que la hemos hecho para el conjunto de la ciudad, si tuviera que iniciarla por algún sitio, sería por El Cañaveral y por la A-5.

Para transformar una forma de entrada a Madrid que no se soluciona sólo con más y mejores autobuses de línea ordinaria de EMT, necesitas un canal rápido que sustituya al Metro en la entrada a la ciudad. Esa propuesta está encima de la mesa desde hace más de dos años con un estudio técnico serio que hicimos para El Cañaveral y para el resto de la ciudad. Si no es esa, estoy dispuesta a debatir otras. Lo que no estoy dispuesta es a aceptar que no hay solución y que lo único que pueden esperar los vecinos de El Cañaveral es comerse un atasco de hora y media todos los días, con una discusión con Coslada para ver si el acceso se realiza por allí. Es una falta de planificación y de valentía, porque hay que asumir que existe un problema y que la Comunidad de Madrid tiene una responsabilidad. El Consorcio Regional de Transportes, que es la entidad supramunicipal que planifica el transporte, debería estar dando una solución alternativa ¿Por qué desapareció y por qué se sustituye? Con el aire, no puede ser.

Ustedes cogobiernan en Coslada y no hay puentes de diálogo entre ambos municipios en este tema.

La gente de El Cañaveral dice que, si no les dejan otra opción, que les permitan pasar por Coslada. Y la de Coslada no quiere que su ciudad se convierta en la vía de salida de una pequeña ciudad de 20.000 habitantes. La solución no puede ser desplazar el atasco a Coslada. En el Gobierno de Manuela Carmena, cuando implantamos la zona de bajas emisiones, tuvimos que pensar cómo gestionar la entrada en Madrid de un millón de personas cada día, con unas competencias limitadas, cuando, realmente, quien tiene que planificar la movilidad metropolitana es la Comunidad de Madrid, con la participación de los ayuntamientos pero con una visión por encima. La solución de apertura por Coslada podría ser temporal, entiendo que a los vecinos de Coslada no les parezca la mejor y eso devuelve la pelota al tejado de quien tiene la responsabilidad, que es la Comunidad de Madrid. Debe resolver lo que planificó hace unos años.

¿No anula eso la posibilidad de interlocución entre municipios?

La Comunidad de Madrid tiene instituciones supramunicipales, como el Consorcio o el Canal, que son buenas pero en las que los municipios no participan con el peso que tendrían que tener. La Comunidad hace prácticamente lo que quiere con ellas sin tener en cuenta a los municipios. Yo transformaría esas instituciones para mejorar el diálogo entre administraciones y tuviera más peso. Por ahora, hay un ordeno y mando por parte de la Comunidad.

Más allá de El Cañaveral, los desarrollos del sureste auguran añadir 300.000 personas a unas infraestructuras de movilidad como las autopistas, las calles y el transporte público que son las que son ¿Qué se puede hacer?

Por eso decía que el modelo de hace 30 años hay que repensarlo porque lleva a algunos callejones sin salida y este es uno de ellos ¿Cómo se incorporan 330.000 personas a las vías públicas sin un crecimiento proporcional de las infraestructuras de movilidad privada y el transporte público? Eso teniendo en cuenta que su afección no es sólo en Madrid sino que incluye a Coslada y otros municipios. No veo un plan alternativo. Veo muchas presentaciones muy bonitas de estos barrios, pero no veo esta ecuación. Veo la parte privada, que tiene un interés en vender casas. Es un interés legítimo, quizás un poco sobredimensionado en estos tiempos. Pero la contraparte es lo público.

Quien quiere vender casas no tiene que hacerse responsable de la movilidad de la gente. En su contrato, no viene en ningún lugar. Pero en el contrato público, sí viene que las administraciones deben hacerlo. Tienen el deber de hacerlo. Y, si miramos el último ejemplo de PAU, que es El Cañaveral, porque el Ensanche de Vallecas tuvo la línea 1 y cierta incorporación a la trama de la ciudad, aunque carece de otras dotaciones; nos damos cuenta que es una especie de isla en la que la única manera que tienen de salir de allí es con el coche o con autobuses ordinarios que tienen las frecuencias y problemas que tienen. Estás condenando a esa gente ¿Cuál es el plan? ¿En vez de condenar a 20.000, condenamos a 300.000? En ese aspecto, es un plan fracasado.

Respecto al suelo público de los nuevos desarrollos, los técnicos hablan de que el plan fue muy generoso con las cesiones. Por otra parte, también inciden en que las administraciones tienen muchos problemas para dotar de usos esos suelos públicos en una ciudad densa ¿Qué enfoque dan a esos suelos en estos nuevos desarrollos, ya que este problema no se da en la ciudad ya consolidada?

Estos suelos son un coste pero estamos hablando de 300.000 nuevos vecinos. Es decir, que también son un ingreso. Y, luego, dependiendo de cómo ingresen, gastan. En el modelo de Almeida, las rebajas fiscales no nos parecen serias, ni particularmente redistributivas. Han reducido la capacidad de inversión del Ayuntamiento de Madrid en 700 millones. Desde luego, distribuir la relación de ingresos y gastos, teniendo en cuenta que se van a incorporar 300.000 vecinos, da como para pensar en la capacidad que tenemos de proveer de servicios y si queremos proveer de servicios. La cuestión es que el resultado no es una casualidad. Por ejemplo, que en el Ensanche de Vallecas haya un colegio privado y dos concertados, y uno público, no ha ocurrido porque sí. Ocurre porque lo público tiene muchas más dificultades para construirse, hay menos dinero y porque, mientras tanto, como existe una demanda y una necesidad de colegio para muchos niños, el privado va a su encuentro. Y está en su derecho de hacerlo. La clave es que desde lo público se podría proveer de una manera distinta.

Yo no creo que haya una dificultad burocrática sino una decisión política: que se construyan las casas y que se fomenten modelos privados o concertados de provisión de servicios públicos. En El Cañaveral, consultamos datos y vimos que el porcentaje de personas con un seguro sanitario privado es superior al resto de la ciudad porque no tienen dónde ir. No hay excusas económicas, ni burocráticas para hacer lo que es de cajón, que son los servicios mínimos. No estamos pidiendo que haya polideportivos con spa. Estamos pidiendo un centro de salud, un centro de especialidades, un instituto, un colegio, un centro de FP, una escuela infantil, una biblioteca, un centro cultural… En fin, las cosas básicas que hace 50 años se decidió que eran los servicios públicos fundamentales.

¿En el Ensanche de Vallecas eso se ha conseguido?

No. Hace un mes estuve con las familias del único instituto que hay en el barrio porque tienen que pelear por su segundo instituto, cuando tenía que haber estado cuando sus hijos tenían 12 años, y llevan ya viviendo allí más de 20. El antiguo presidente de la asociación de vecinos y expresidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, me dijo en una ocasión que tuvieron que manifestarse para que les quitaran los new jerseys y les pusieran semáforos. Se los pusieron después de dos atropellos mortales. En El Cañaveral, estuve hace mes y medio. Se habían instalado los semáforos y no estaban encendidos. En cualquier videojuego de planificación urbana perderías si no eres capaz a los 20 años de haber instalado semáforos, señalización viaria y equipamientos. El PP considera que su modelo no es fracasado porque cree que la demanda de servicios públicos no se queda insatisfecha. El ciudadano es un cliente. Y como las familias, al final, se buscan la vida, parece que el problema está resuelto, cuando lo que estás haciendo es llevarles a un sistema en el que haya un instituto público por cada cuatro concertados.

¿Los desarrollos del sureste van a bajar el precio de la vivienda en Madrid?

Primero, les quedan bastantes años. Si es cierta la teoría, estamos hablando de que bajará el precio dentro de diez años. No sé si al que, hoy, se está yendo a vivir a Guadalajara o tiene 33 años y vive en casa de sus padres, le soluciona algo su situación. Segundo, en la teoría, funciona. En la práctica, yo nunca lo he visto, ni en España, ni en Madrid. Los datos de la burbuja precrisis indican que en Madrid se construyeron 150.000 viviendas y el precio subió un 250 por ciento. No hay correlación positiva. Es negativa y, sobre todo, porque el desarrollo en fases hace que los precios se hinchen en torno a esas fases. Entonces, no es un problema sólo de ofertas sino de especulación que, a diferencia de la crisis anterior, tiene un montón de dinero internacional buscando lugares donde extraer una rentabilidad cada vez mayor. Es un problema que no tiene nada que ver con el pequeño propietario que tiene una casa y la alquila, que es una dinámica de mercado libre como las que veníamos viendo hasta ahora.

Estamos hablando de grandísimos fondos que no saben dónde está Los Berrocales y que les da lo mismo vender una residencia de mayores que catorce edificios de viviendas. Y que, en estos momentos, encuentran unas tasas de rentabilidad en el alquiler descomunales, del 30 o el 40 por ciento. Más incluso que en la compraventa de vivienda. Nosotros no creemos que sólo con más vivienda se vaya a solucionar el problema del precio. Creemos que, además de construir vivienda, pública y privada, la pública a mayor ritmo del que se está haciendo, si no se controlan los precios y se ponen límites, continuará siendo el sumidero por el que los salarios de las familias trabajadoras y sus avances se van.

Más del 50 por ciento del suelo dedicado a vivienda en los desarrollos del sureste es para vivienda con algún tipo de protección ¿Es suficiente?

Creemos que seguir llamando vivienda protegida a un modelo por el que nos gastamos el dinero público en construir casas que a los 15 o 20 años están en el mercado privado, deberíamos cambiarlo. Nos hemos reunido con Sepes y el Ministerio de Vivienda para que los suelos públicos estatales que quedan en la ciudad, como los de Campamento o la cárcel de Carabanchel, se aseguren de que siguen siendo públicos, es decir, que no se permite su compraventa especulativa. Porque es un sinsentido pagar con impuestos la casa de un señor que llega 15 años después y se lucra con ella. A esa persona, le interesa muchísimo, pero a ti, que lo pagas con impuestos y que tus hijos no van a catar esos pisos nunca, no. La etiqueta de vivienda protegida en Madrid no dice nada. La reflexión que hacemos siempre es el pequeño parque público de vivienda que tenemos en España y que en Madrid no llega al 2 por ciento ¿Cómo va a llegar si lo que tenemos lo vendemos directamente o a los 15 años? No es que estemos radicalmente en contra, es que la expresión vivienda protegida no da cuenta de una realidad. Es una ficción, es palabrería. Sólo es para aquel que tuvo la suerte de adquirir esa casa a un buen precio en su momento, pagada con dinero público.

La densificación busca la ciudad de los 15 minutos pero, para ello, necesita espacios de trabajo cercanos ¿Estos nuevos barrios son capaces de generar ese tejido laboral?

Hemos defendido mucho la ciudad de los 15 minutos, que habla de mejores condiciones de movilidad y de distribuir la ciudad de manera distinta. Los modelos urbanos de hace muchos años zonificaron la ciudad en una zona donde estaban las empresas, otro para las viviendas, etcétera. Es un modelo muy ineficaz. Cada mañana, 700.000 personas salen del sur de la ciudad hacia el noroeste a sus centros de trabajo y luego vuelven. Podemos hacerlo mejor. Eso significa distribuir las oportunidades y el trabajo. Y significa también incentivar que en los nuevos desarrollos haya comercios, oficinas, pequeñas empresas, pequeñas industrias compatibles con la ciudad.

Hablar de la ciudad de los 15 minutos no es poner una bicicleta en un render. Es analizar en las cargas urbanísticas y en el uso del espacio público cómo distribuimos el espacio de forma que no todo sean casas con una carretera que las une a 20 kilómetros con la oficina. Es imposible hacer así una ciudad de los 15 minutos, por muy rápido que vayan los metros y los BRT. La reflexión que nos devuelve esto es que la armonía o el equilibrio entre los usos es positivo. Y, en ese sentido, lo público tiene mucho que intervenir. Hay una ficción cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos que es que queremos intervenir en cómo se crea la ciudad. Más intervención que un plan general que dice lo que se puede hacer en cada parcela, no hay. Las administraciones tienen ahí un papel que equilibra los usos. Es muy difícil que haya trabajo en un PAU si no hay locales comerciales, ni nada que no sea residencial.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una Ley que permite que los espacios calificados con uso terciario de oficinas se transformen en residencial para viviendas de alquiler asequible ¿Eso altera el equilibrio urbano que usted plantea?

Hay un paso anterior que es que hay una crisis de vivienda descomunal. Todas las administraciones son conscientes de ello y buscan fórmulas para solucionarlo. La decisión de la Comunidad de Madrid puede tener más perjuicios que beneficios porque, si tú cambias una oficina para que luego se construya una casa de lujo…

Pero son de alquiler asequible.

El alquiler asequible en la región es una cosa muy discutible porque, sólo con mirar los módulos de VPO, entramos en la discusión de qué es lo que considera asequible la Comunidad de Madrid. Desde luego, las cifras de asequibilidad que se están planteando en los modelos del Ayuntamiento de Madrid son los de una casa de 1.600 euros. Asumiendo que ese es el salario medio, no es asequible, pues es lo que se cobra cada mes. La discusión sobre la asequibilidad, que es una fórmula que se hace desde lo público, está muy lejos de los criterios que consideramos que tienen que primar, que son que no se destine más de un 30 por ciento de la renta de la unidad familiar a la vivienda. Eso no es lo que está previsto en los planes del Ayuntamiento y de la EMVS. Nuestra opinión es que, además de hacer crecer la oferta, hay que controlar el tipo de oferta. Esa es una diferencia política fundamental. No hemos inventado nosotros esta fórmula. Todos los países de nuestro entorno intervienen el mercado de la vivienda para parar las subidas de precios, sobre todo, en espacios de gran recalentamiento.

Se han reservado muchas parcelas en los nuevos desarrollos para industria de última milla y logística ¿Establecer un arco industrial en el sureste es un planteamiento adecuado para generar empleo? Y, en segundo lugar, teniendo en cuenta la diferencia que hay con las industrias que se están instalando en el arco noroeste, ¿cómo afecta esta decisión al reequilibrio territorial?

El día que yo vea una plataforma logística entre Pozuelo y Somosaguas, hablaremos del reequilibrio territorial en términos de creación de empleo y de valor añadido. No es casualidad que se elija el sureste de la ciudad de Madrid como el nuevo corredor logístico para acumular mercancías, su tráfico vinculado y los empleos de bajo valor añadido que requiere este sector. Es una solución que plantea que, ante la nada, por lo menos, tenéis esto. La desindustrialización ha traído todavía en Villaverde enormes zonas industriales vacías con las máquinas a medio retirar, y para que estén vacíos, mejor ponemos cualquier cosa. Es muy discutible porque el tipo de empleo que se instala en un espacio, genera un tipo de desigualdad que, en el caso de Madrid es muy grande.

Madrid es la región europea más segregada de Europa. El uno por ciento de la población más pudiente de la ciudad nunca viaja al otro lado de la escala. No sabe, ni imagina cómo es esa vida, y eso tiene mucho que ver con determinadas políticas. La realidad es cualquier solución no es mejor que un solar vacío. Y una implantación a gran escala de las plataformas logísticas en el sureste de la ciudad de Madrid para dar servicio a toda la corona metropolitana sólo incidiría en el mismo tipo de desigualdad que denunciamos. Distribuir y armonizar significa repartir lo bueno y lo malo. Estaría genial que alguna de las grandes tecnológicas se implantara en el sur de la ciudad y no en el corredor de la A-1 o la A-6 que es donde se concentra el valor añadido de la economía madrileña.

Los desarrollos del sureste han sido bautizados como el kilómetro cero del Bosque Metropolitano. Apoyaron el proyecto en su momento ¿Se está implementando como esperaban?
La idea nos gusta y es buena pero su concreción deja mucho que desear. Un modelo en el que parte de lo que has dibujado no es público, depende de las condiciones de la participación de la contraparte. Por ejemplo, en la Nueva Centralidad del Este, de la que se habló hace unos días, se están dando unos números muy grandes pero luego plantean un corredor de 140 metros de ancho. Si a eso tú le llamas bosque… Lo que vemos que hay es mucha propaganda, muchos números absolutos que dan muy bien y un dibujo de futuro sin que haya capacidad para garantizar que lo que se ve se vaya a hacer realidad. Además, viendo sus posibilidades cada vez más estrechadas. Por ahora, vemos que está muy lejos de ser una realidad.