La Consejería de Medio Ambiente ha autorizado la ampliación del plazo de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la explotación que solicitó la empresa Tolsa para su mina de sepiolita en la zona de Ambroz hasta el 30 de noviembre de 2025.

La compañía obtuvo una concesión por 30 años el 13 de septiembre de 1977 para la explotación del proyecto ‘Tolsadeco’ sobre un terreno de 512 hectáreas. Se encuentran en suelos del futuro desarrollo de la Nueva Centralidad del Este. Allí se calculó un filón de casi 369.000 toneladas de mineral. En cumplimiento del Reglamento General para el Régimen de la Minería, en agosto de 2004, solicitó una prórroga legal de otros 30 años, de las dos que permite la normativa.

La Comunidad de Madrid puso como condición la elaboración de un procedimiento de impacto ambiental, que fue presentado en agosto de 2009 y aprobado el 24 de agosto de 2010. Incluía un plan de restauración del espacio natural que fue aprobado el 24 de enero de 2011. En septiembre de ese mismo año, la empresa planteó una modificación que reducía la zona de explotación, siendo aprobada en junio de 2012. Un año después, Tolsa presentó ante la Dirección General de Evaluación Ambiental una nueva modificación. Consistía en incrementar la profundidad de la explotación y una nueva reducción de la superficie mineral a explotar.

Medio Ambiente resolvió en junio de 2014 que dicha modificación no suponía alteración para las aguas subterráneas. Asimismo, el informe establecía modificaciones a la DIA vigente entonces. Se aumentaba el desfase entre terrenos alterados por explotación de 3 a 5 hectáreas, sin incluir los taludes de restauración. Finalmente, el 27 de octubre, Medio Ambiente informó a Tolsa que la DIA había caducado. Así, hubo de iniciarse un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.

Recuperación ‘iterativa’

De tal modo, el 21 de septiembre de 2016, Tolsa presentó un nuevo proyecto técnico para obtener la prórroga de la concesión, al que hubo que adjuntar informes complementarios. El 10 de julio de 2017, la Dirección General remitió la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental. Asimismo, un plan de restauración y un proyecto de explotación, así como la respuesta a las alegaciones de distintos organismos especializados. El 6 de mayo de 2019, el promotor remitió la información solicitada, presentando un estudio que incluía los efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o desastres. Consideraba que la zona explotada era un «área muy fragmentada y sin valores naturales». De tal modo, obtuvo la prórroga de explotación por resolución regional el 22 de julio de 2019.

Entre los requisitos que puso la Consejería, se establecía la restauración total de la superficie afectada por la actividad minera tanto ya realizada (aunque se había realizado un tratamiento de recuperación del suelo inmediato denominado ‘iterativo’) como prevista. Asimismo, la justificación y planificación del uso en la restauración de materiales de otras explotaciones. También, se especificaba que no se podría continuar con el trabajo extractivo hasta que no se hubiera restaurado todo el paisaje explotado, salvo cinco hectáreas.

El plan de restauración fue presentado en agosto de 2020, a pesar de que aún quedaban sin restaurar 7,3 hectáreas. De tal modo, se requirió un nuevo plan de restauración, que se presentó en junio de 2021. Según reza el documento, consultado por Nuevo Sureste, dentro de una operación de explotación de once años. Se priorizaba el drenado de aguas acumuladas para restaurar las hectáreas que quedaban para cumplir con lo establecido por la Comunidad de Madrid.

Sumideros de biodiversidad

También, la recuperación del cauce del arroyo de Ambroz, la restitución de los huecos de explotación minera con relleno de estériles, recuperando la topografía (y eliminando la laguna mayor del ámbito mediante bombeo del agua hacia el arroyo). Se comprometía a restaurar de manera simultánea el terreno vegetal removido y potenciarlo con una siembra de pastizal. El coste de intervención se presupuestaba en 284.943 euros.

El 2 de noviembre, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid descartó una proposición No de Ley planteada por Más Madrid, sustentada en un informe de biodiversidad. Respondía a la valoración ambiental de la empresa en su solicitud de 2019, para garantizar la conservación de las lagunas de Ambroz y su entorno. Solicitaban incluirlas en el Catálogo de Humedales de la Comunidad de Madrid y la instancia al Ministerio de Transición Ecológica para la inclusión de la laguna grande en el Inventario de Masas de Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El 30 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid había aprobado por unanimidad una instancia en este sentido. Un día después, el Consistorio, Tolsa y la Comisión Gestora de la Nueva Centralidad del Este acordaban la preservación de las lagunas.

El entonces director general de Biodiversidad, Luis Del Olmo, explicó en comisión que el caso de la laguna de Ambroz «es un caso tipo de cómo una laguna si llega a esos umbrales de protección no se puede gestionar y genera más efectos negativos que positivos, y lo que encontramos en esos humedales, en esas grandes lagunas, treinta años después de su protección, son unos espacios, unos vasos de agua con una profundidad tremenda donde se alojan muchas especies exóticas de imposible control, ¡y no son sumideros de biodiversidad precisamente!», incidió.

«Cambios sustanciales»

El permiso regional de la DIA expiraba el 30 de noviembre de 2023 y la compañía solicitó una ampliación en las mismas condiciones. En la solicitud, se planteaba el vaciado de la laguna de mayor tamaño y el desmonte de más de 15 hectáreas de terreno en sus orillas norte y sur. El Ejecutivo regional impuso la condición de modificar el plan de restauración ambiental y conservar una biodiversidad y un ecosistema lagunar estable. Ecologistas en Acción denunció que la nueva solicitud supondría el incumplimiento del artículo 43 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. La razón era que «se han producido cambios sustanciales respecto a la valoración de impacto ambiental original».

Finalmente, una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente confirmó a este periódico que la resolución de la prórroga se hizo pública el 26 de abril. A continuación, se envió a la Dirección General de Minas, con copia al promotor, al Ayuntamiento de Madrid y a la Inspección.