El Cañaveral terminó abril con una población aproximada de 22.400 vecinos empadronados. Las asociaciones vecinales indican que el número de no empadronados podría ascender hasta a un 22 por ciento más y alientan al empadronamiento. Alcanzar los 25.000 vecinos justificaría la exigencia legal de construcción de muchos equipamientos.
A falta de cifras de empadronamiento actualizadas (la administración calcula sus previsiones de actividad en base al dato a 1 de enero del año anterior), un indicador municipal que evidencia aproximadamente la población actual de un barrio es la tasa de paro (el porcentaje de parados respecto a la población entre 16 y 64 años de un territorio). En El Cañaveral, a 30 de abril de 2025, había 558 personas desempleadas, según los números publicados por el Ayuntamiento de Madrid recogidos del Servicio de Empleo Público Estatal, lo que implicaba una tasa del 3,35 por ciento del total de personas en edad de trabajar. Es decir, que la población entre 16 y 64 años era de 16.656 personas.
El cotejo de este dato con la estructura de población del barrio más actualizada (1 de enero de 2024) permite cifrar con bajo margen de error el tamaño del vecindario. La población entre 16 y 64 años era a 1 de enero de 2024 el 74,39 por ciento del total, aproximadamente. Utilizando ese porcentaje, podría hacerse una estimación por la que podría afirmarse que la población empadronada a finales de abril de 2025 ascendería a unas 22.390 personas.
El problema es que esta cifra no es exacta. Por un lado, por el margen de error que pueden arrojar las estimaciones aportadas en esta información (se ha de tener en cuenta que, cruzando datos del informe de vivienda de los desarrollos del sureste realizado por Foro Consultores y de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, al menos, en 2024, se pusieron en mercado siete promociones de vivienda (cuatro promociones privadas en comercialización, tres promociones públicas entregadas y un stock de vivienda de 103 hogares, la mayor oferta disponible e inmediata de la ciudad) que puede generar oscilaciones. Pero, sobre todo, por la cantidad de población no empadronada del barrio. Si esta alcanza un poco más del diez por ciento (es decir, si llega a los 25.000 vecinos censados), se abrirían las puertas a muchos equipamientos y servicios que, por normativa y demografía, aún no corresponden al barrio.
Trampa administrativa
Este periódico ha pedido a las dos asociaciones ciudadanas del ámbito, la Asociación Vecinal El Cañaveral y la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (AVECA), que hagan una estimación de la cifra de no empadronados, a falta de estudios oficiales. A su juicio, es claramente superior a este diez por ciento, llegando, según los cálculos más extremos de algunos de sus asociados, a alcanzar los 5.000 vecinos adicionales (más de un 22 por ciento).
Aunque existe la obligación legal de empadronarse en el domicilio que se reside, muchas personas que van a vivir a nuevos barrios no lo hacen hasta que no están garantizados una serie de servicios mínimos. Tanto Margarita Salvador, presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral, como Rosa María Maya, presidenta de AVECA, inciden en que esta es la clave del problema. «Calculamos que hay un 15 por ciento de población que no está empadronada. Hemos hecho varios llamamientos en este sentido pero hay resistencias porque se considera que se pierde el derecho a centro de salud o a colegio hasta que lleguen los nuevos equipamientos«, concreta Salvador. «Efectivamente, hay miedo a quedarse, sobre todo, sin plaza en los colegios o sin médicos, aunque eso no es así, por eso seguimos haciendo campañas para el empadronamiento. Por otra parte, hay que valorar que tenemos una población empadronada muy superior a municipios más pequeños de la región que disponen de todos estos equipamientos«, añade Maya.
La renuencia al empadronamiento genera su propia trampa administrativa, ya que un censo que crece más despacio supone que los servicios públicos y la oferta privada llegan más tarde porque los cálculos para optimizar la efectividad de los servicios públicos y para crear nuevos negocios se basan, fundamentalmente, en el volumen de demanda conocida y disponible. Como ya explicó este periódico, diferentes normativas establecen la población mínima que ha de alcanzar un territorio para que las administraciones tengan la obligatoriedad de prestar servicios. Por ejemplo, la biblioteca y el transporte colectivo de viajeros deben prestarse con 20.000 (también se recomienda que, con esta población, se cree una oficina de correo, aunque no hay unos mínimos establecidos), el centro de salud con 25.000, y los centros educativos, en función de la colmatación de las aulas en cada curso, según su ratio (entre 8 y 20 niños por aula y profesor, según el curso de primer ciclo de Infantil; 20 alumnos en el segundo ciclo de Infantil; 25 en Primaria y Secundaria, y 30 en Bachillerato).
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