Nuevo Sureste continúa su serie de reportajes para explicar cómo se crea un nuevo desarrollo urbano. En este reportaje, nos referimos a la planificación de los servicios y los equipamientos que realizan las administraciones.
El planteamiento estratégico de los equipamientos y servicios públicos de los que va a disponer un nuevo desarrollo urbanístico se planean mucho antes de que este exista. Concretamente, en el plan general de ordenación urbana del municipio, que establece una jerarquía de prioridades en el desarrollo en función de su importancia en el barrio, el distrito y la ciudad (no sólo eso, pues el concepto de lo que es un pueblo o una ciudad y su posicionamiento provincial, regional y nacional determinan infraestructuras y servicios supramunicipales -por ejemplo, la Policía es un Cuerpo eminentemente urbano, mientras que el cometido de la Guardia Civil se centra en ciudades pequeñas y pueblos, por lo que la forma de afrontar el hecho de la seguridad varía).
Independientemente de que luego pueden surgir fenómenos (por ejemplo, la carestía de vivienda que provoca cambios legislativos como el de Madrid para transformar suelo de oficinas o comercios en casas) o imprevistos que suponen cambios importantes en la planificación, este documento establece las características del terreno, sus aprovechamientos medios, sus equipamientos e infraestructuras.
Tras planificar y consentir la recalificación del suelo, la administración tutela a los propietarios en dos procesos: la reparcelación, que permite ‘dibujar’ administrativamente el ámbito; y el plan parcial, que, entre otros aspectos, desarrolla, asigna edificabilidad y establece el régimen de usos.
Por esta labor, el ayuntamiento recibe un porcentaje de suelo en concepto de aprovechamiento (además, las administraciones también son compradoras de suelo) que es el que se usa para instalar equipamientos o como herramienta para sufragarlos. Al concluir el proceso urbanizador, el municipio recepciona el nuevo espacio urbano, después de reconocerlo catastralmente y poder girar los impuestos necesarios para sufragar los servicios. En paralelo, la administración estima qué uso le va a dar al suelo que tiene que gestionar.
Coeficientes y servicios básicos
A la hora de valorar los servicios públicos de un ámbito, los urbanistas realizan una serie de cálculos en los que intervienen distintas variables. La densidad de población (es decir, el número de vecinos por unidad de superficie), los viales (la Gran Vía del Sureste está pensada como un polo de actividad que concentrará oficinas, comercios y residencial libre), las características del terreno (la Nueva Centralidad del Este va a convertir la zona de la mina de Ambroz en un espacio natural al generarse lagunas artificiales y comprobar la naturaleza del suelo), las parcelas (se establecen terrenos que sirven de centralidades del barrio, como en el planteamiento realizado en Valdecarros) y su disposición (hay desarrollos que zonifican su organización aglutinando el grueso de las zonas verdes para ofrecer un parque forestal singular y ofrecer un espacio de máxima eficiencia urbana, como Los Cerros; u otros que concentran su actividad residencial en ‘supermanzanas‘, como Los Berrocales, para apostar por una experiencia estancial concreta), la distancia (en Los Ahijones se plantea que debe haber tres árboles visibles desde cada vivienda, un 30 por ciento del espacio será zona verde y habrá un parque a un máximo de 300 metros de cada vivienda; o, por ejemplo, según las estimaciones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, debe haber una parada de autobús cada 325 metros de media o, en el caso de existir, de 600 metros de media para el metro), y las características socioeconómicas de la zona existentes y previstas (por ejemplo, en un barrio donde hay muchos niños, como es El Cañaveral, se potencian los equipamientos públicos vinculados con la infancia, mientras que se proyectan a medio y largo plazo los centros de mayores).
De tal manera, se establecen coeficientes (buena parte se marcan a nivel municipal, pero otros vienen prescritos por normativas regionales, nacionales, europeas o mundiales) que determinan la pertinencia de ofrecer un servicio en un espacio concreto para la población y las entidades que allí habitan. Al no existir ánimo de lucro por parte de la administración, en un asentamiento de más de 20.000 habitantes se plantea el criterio de necesidad -según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios municipales obligatorios que debe ofrecer la administración local son abastecimiento de aguas a domicilios, alumbrado, cementerio, accesos, seguridad y protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios, parque público, biblioteca, pavimentación, protección y mantenimiento urbano, alcantarillado, recogida y tratamiento de residuos; con más de 50.000 es prescriptivo el transporte colectivo urbano de viajeros y el medio ambiente urbano– y de optimización de los recursos públicos. Eso supone, en ocasiones, que actúa a pérdidas (por ejemplo, existen líneas de autobús que apenas tienen viajeros pero que son imprescindibles para que la población tenga cubierta una necesidad).
Y, en otras, que un servicio que no es de urgente necesidad (por ejemplo, un centro cultural) o puede ser cubierto de manera provisional con una dotación cercana (por ejemplo, una oficina postal), se realizan a medida que las posibilidades presupuestarias lo permiten (en caso de escasez, muchas administraciones recurren a la gestión indirecta -como tendrá el campo de fútbol de El Cañaveral-, el concierto administrativo -es el caso del colegio concertado de la calle de la Tolerancia-, a la cesión de derechos de superficie -por ejemplo, el plan Suma Vivienda de EMVS Madrid- o al permiso de construcción para la actividad privada -por ejemplo, una escuela infantil privada a falta de plazas públicas-) y/o existe una masa crítica de población suficiente para justificar dicha inversión.
Mixtificación de usos
También participan de esta problemática las distintas prescripciones técnicas y humanas que tienen los equipamientos (por ejemplo, es necesario disponer del personal especializado suficiente para abrir un centro de salud -hay 3,8 profesionales de la medicina por cada mil habitantes en la región frente a los 3,6 de la media nacional– o, como ha ocurrido con Bicimad o los semáforos en El Cañaveral, el Ayuntamiento necesita del permiso de suministro de la compañía eléctrica para poder ofrecer el servicio).
El planeamiento también debe estimar en sus cálculos la cantidad de espacio para la actividad privada que requiere una población. Aunque a las parcelas se les asigna un uso prioritario (residencial, industrial o terciario), pueden disponer de usos secundarios o, incluso, si las ordenanzas urbanísticas del desarrollo lo permiten, mixtificar dichos usos. Así, se crean, por ejemplo, zócalos de actividad terciaria -una tienda, un taller, etcétera-, se jerarquizan algunos servicios privados (por ejemplo, en el caso del comercio, no es lo mismo el super del barrio que una mediana superficie o centro comercial) o se hacen diseños urbanísticos de vida tales como la creación de manzanas residenciales cerradas con un centro comercial cercano que cubra todas sus necesidades (el modelo americano que se aplicó en los desarrollos urbanísticos madrileños creados a principios de siglo).
Entre otros parámetros conocidos, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid establece que una zona básica de salud comprende una población en torno a los 25.000 habitantes, al que le corresponde un centro de salud de cabecera como unidad básica sanitaria. Los hospitales y sus centros de especialidades asociados están jerarquizados en función de los servicios (se establecen ratios para cada especialidad médica), con lo que la población que atienden oscila entre los 80.000 del hospital del Tajo y los casi 600.000 del Hospital Ramón y Cajal, según datos de la memoria anual de 2021 del Servicio Madrileño de Salud.
Niveles de limpieza
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, vigente en la actualidad, establece algunos parámetros para sus equipamientos. Por ejemplo, en función de su tamaño, los centros de enseñanza infantil requieren entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados; los CEIP, entre 5.000 y 10.000; y los institutos, entre 12.000 y 20.000. A su vez, la normativa establece unos ratios por clase, lo que determina cuántos centros se necesitan en un ámbito. La red europea Eurydice, aceptada por el Ministerio de Educación, establece que la ratio en el primer ciclo de Educación Infantil es de ocho niños menores de un año por profesor, entre 10 y 14 niños de entre 1 y 2 años por profesor, y de 16 a 20 niños de entre 2 y 3 años por profesor. En el caso del segundo ciclo de la Educación Infantil (de 3 a 6 años), se ha reducido recientemente a nivel regional de 25 a 20 alumnos por grupo (con capacidad de ampliación en un 10 por ciento en caso de necesidad). La ratio de Educación Secundaria Obligatoria pasa a ser de 25 alumnos por grupo y, en Bachillerato, de 30 alumnos.
Por otra parte, el contrato de recogida de residuos de Madrid estipula cinco niveles de actuación de este servicio en las calles (desde el nivel 1, que actúa con barrido diario y baldeo cinco veces a la semana; hasta el nivel 5, que no asigna una limpieza periódica concreta). En estos momentos, un espacio como El Cañaveral, con una población de más de algo más de 20.000 habitantes, recibe una atención de nivel 3, es decir, un barrido manual en días alternos, de lunes a domingo, y un baldeo mixto una vez a la semana. Mientras, el polígono industrial y los accesos reciben un barrido manual semanal y un baldeo mensual (nivel de prioridad 4).
A nivel deportivo, el último informe municipal sobre impacto económico del deporte en Madrid, de 2015, especificaba que el Plan General abrigaba el objetivo de alcanzar los 5,01 metros cuadrados por habitante y, en 2012, había 4,06. Según la Unión Postal Internacional, España tiene una oficina por cada 20.000 habitantes, aproximadamente (este dato es engañoso porque no incluye los servicios rurales, por lo que, en realidad, corresponderían menos habitantes por oficina). La legislación establece que debe haber una biblioteca pública por cada 5.000 habitantes. En la ciudad, hay un centro de servicios sociales por cada 83.504 habitantes y el Consejo de Trabajadores Sociales recomienda disponer de un profesional de estas características por cada 3.000 vecinos. La OMS establece que debe haber, al menos, 5 plazas en residencias geriátricas por cada cien personas de más de 65 años (en 2021, la región sufría un déficit de 7.986 plazas para alcanzar esa prescripción). El número de agentes de Policía o Guardia Civil es de 370 por cada 100.000 habitantes, un poco por encima de la media europea, según datos de Eurostat de 2018. Un parque debe tener, al menos, la mitad de su espacio dedicado a zonas verdes.
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